China desafía a Hong Kong con la ley de seguridad y Taiwán le dice no a Pekín

Madrid. El reto de derrotar a la pandemia del coronavirus sigue siendo la máxima prioridad mundial, pero mientras tanto en China, que ha visto, al igual que otros países, como EEUU, un frenazo a sus economías, la Asamblea Nacional Popular (ANP) ha aprobado por amplia mayoría la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong, lo que creará aún más inestabilidad en la isla por la protestas de los hongkoneses, que consideran lesionados sus derechos democráticos y a la vez se enconan las malas relaciones entre Pekín y Washington, que irán a peor al menos hasta los comicios presidenciales de noviembre próximo.

Y luego la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, reforzada en su país tras su abrumadora victoria electoral en su reelección en enero pasado, que dio alas al independentismo, y ahora con el enorme éxito contra el coronavirus, que ha sido modelo mundial y con el veto de Pekín para su incorporación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue rechazando el modelo de “Un país, dos sistemas”, y más con el fracaso de ese principio en Hong Kong, tras afirmar el primer ministro chino, Li Keqiang, esta semana en la clausura de la reunión de la ANP que su país seguirá «insistiendo en el principio de una sola China» y perseguirá una «reunificación pacífica» con la antigua isla de Formosa, en la que se opone a «cualquier intervención extranjera».

La oposición prodemocracia considera que las libertades políticas de las que goza Hong Kong hasta 2047, tras recuperar China la soberanía del territorio de manos británicas en 1997 bajo la fórmula de “Un país, dos sistemas” y por el que Pekín se comprometió a mantener esa autonomía política, se ven comprometidas, de ahí que los hongkoneses lleven tiempo manifestándose por temor a perder ese espacio que, en opinión de la oposición, con esta ley de seguridad reduce garantías y derechos, mientras la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, sostiene que la decisión de la ANP demuestra que se “preocupa el país por la Región Especial Autónoma de Hong Kong».

La virulencia con la que ha atacado el coronavirus a la comunidad internacional no va a impedir que los hongkoneses se queden en sus casas, y más cuando la Unión Europea (UE), EEUU o Japón, entre otros muchos países, resaltan la inoportunidad de este ley, para la oposición prodemocracia de Hong Kong el “fin” de la semiautonomía de la ciudad, en la que que de respetarse el principio de “un país, dos sistemas” hasta 2047 daría un periodo largo pero suficiente para que las nuevas generaciones beban de un modelo político que por ahora no se vislumbra en la República Popular China.

Ahora, eso sí, también los hongkoneses temen que Pekín siga inmiscuyéndose cada vez más en todo lo que emana políticamente del acuerdo entre el Reino Unidos y China en 1997 y sin olvidar que la oposición democrática de la antigua colonia ganó las elecciones municipales de noviembre pasado reforzando así su poder con el 90 por ciento de los escaños de los consejos de distrito. O sea, una victoria que viene reclamando una profunda reforma política a la presidenta Carrie Lam, y que ahora con esta ley será aún más difícil de llevar a cabo.

La nueva ley prohibirá «cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, el robo de secretos de Estado, prohibición de organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong». 

La ANP, órgano legislativo, la aprobó como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia del año pasado en la excolonia británica, a pesar a las amenazas de sanciones de Estados Unidos y como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la ANP adoptaron esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong. 

Sólo un diputado votó en contra y seis se abstuvieron. Una ley con el objetivo de “salvaguardar la soberanía, la seguridad, los intereses de desarrollo, mantener y mejorar el sistema de ‘Un país, dos sistemas’, preservar la estabilidad y prosperidad de Hong Kong a largo plazo y salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los residentes de Hong Kong”, dice el texto gubernativo.