Dos años de guerra en Ucrania (II): Las muletas del sector energético ruso

Planta de petróleo y gas de Zapolyarnoye, en Rusia. | Chursaev13, Wikimedia
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Madrid. El sector energético ruso, utilizado por muchos como barómetro del estado económico del país, atravesó una época muy difícil en los primeros meses de 2023 tras la introducción del tope de precios del petróleo de 60 dólares por barril por parte del G7 y la UE. El mercado de carburantes rusos se partió en dos: la parte europea que seguía exportando a Europa cumplía con holgura, mientras que los oleoductos y navíos dirigidos a Asia y otros compradores alternativos por el mundo siguieron vendiendo muy por encima del tope. Eso llevó a una aparente «victoria» del G7, estableciendo el precio del Urals, principal marca de petróleo rusa, por debajo de los 50 rublos, siendo esto, aun así, solo un cálculo basado en la cotización en la parte europea y no en la asiática.

A esto se le sumó la reducción de producción pactada entre Rusia y la OPEP en abril que propulsó los precios del Brent hasta los 80 por barril, arrastrando consigo al Urals y a otras marcas. En junio el recorte fue ampliado, causando que los precios llegasen a los 90 dólares en septiembre. Los mercados en su mayoría apostaban por un mayor incremento hasta los 100 por barril, el nivel más alto desde noviembre de 2022. No obstante, este intento de la alianza entre OPEP y Rusia de manipular los precios del crudo en su beneficio se estrelló contra una demanda débil y una producción sin precedentes en Estados Unidos, que devolvió el Brent a los 70 dólares. El conflicto de Gaza junto con la actividad de los hutíes en el mar Rojo, aunque mantienen una presión alcista sobre los precios, no consiguen devolverlos a los niveles de septiembre.

A pesar de la incapacidad de la OPEP de revertir las tendencias en el mercado, el Kremlin, reanimado por su capacidad de sobrepasar el tope de precios desde julio, espera poder recuperar sus ganancias extraordinarias este año, según el Ministerio de Finanzas. Además, el precio de corte de Brent para este año será de 75$ por barril. Este precio establece si se usará el dinero del fondo soberano para cumplir las obligaciones del Gobierno o si el fondo se expandirá gracias a los ingresos extraordinarios del sector energético. Aun así, a pesar de la importancia de las exportaciones de petróleo para la economía rusa, este año fue el mercado interno el que trajo malas noticias para el Kremlin.

Un caso paradigmático que describe bien el estado actual de la industria petrolera es la breve prohibición de exportar diésel en septiembre para solucionar la escasez de combustible en el mercado interno. El precio de la gasolina, un marcador psicológico importante para la población rusa, ya que puede apreciarse en cualquier gasolinera estés donde estés, empezó a subir de forma repentina en septiembre del año pasado, causando preocupación entre los consumidores de las regiones del sur de Rusia. El incremento de la demanda debido a la cosecha de las vastas zonas agrarias de las regiones de Rostov y Krasnodar combinada con las necesidades del ejército ruso en el sur de Ucrania fueron los detonantes de la crisis. Esta situación puede parecer paradójica en un país que produce el 10 % de todo el petróleo mundial, pero deja de serlo si se analiza más a fondo. Al igual que la mayoría de las hambrunas a lo largo de la historia, esta abrupta escasez de gasolina se debió a un fallo de distribución de mercado, más que a la ausencia física del producto en cuestión.

Desde hace años el mercado interno se estaba haciendo cada vez menos rentable para las empresas petroleras rusas, que preferían exportar a Europa que vender en Rusia. Rusia produce un 15 % más de gasolina de lo que necesita, pero al mismo tiempo exporta el 56 % de esa cantidad. Eso hacía que la oferta interna se ampliase y que los precios fuesen en aumento. El Kremlin, asustado por la crisis de combustible de 2018, se vio obligado a intervenir cuando el incremento de precios se salió de los niveles aceptables. El Gobierno introdujo un nuevo reglamento: si el precio interno sobrepasaba el de las exportaciones, las empresas tenían que compensarle al Gobierno la diferencia, mientras que en caso contrario era éste el que se comprometía a reparar las pérdidas.

En 2022 y 2023, cuando los precios de los carburantes estaban por las nubes, el Kremlin decidió reducir la compensación para evitar gastos extremos. Desde que el ministro Anton Siluanov lo anunció en abril, los precios empezaron a subir, mucho antes de que las subvenciones fuesen reducidas a la mitad el 1 de septiembre. Desde diciembre de 2022 a septiembre de 2023 la gasolina se encareció un 7,7 % y el diésel, un 5,5 %, que, aun siendo más alto que la inflación en aquel entonces, no alcanzaba un nivel catastrófico.

La bomba de relojería yacía en uno de los puntos de la regulación del mercado petrolero impuesta en 2018. Si el precio de la gasolina o diésel sobrepasa un 20 % al punto de referencia preestablecido por el Gobierno para este año las compensaciones cesaban para todas las empresas, independientemente de los precios que aplicase cada una. Entonces, en una situación normal, todos están interesados en mantener los precios del diésel ligeramente por debajo del límite de 20 % para seguir recibiendo compensaciones. No obstante, cuando el Gobierno reduce las subvenciones, disminuyen también los incentivos de mantener ese tope de precios. Eso hace que las empresas que esperan que los precios suban decidan crear una escasez artificial manteniendo sus reservas de combustible en los almacenes para venderlas después por un precio más favorable. Esta profecía autocumplida desembocó en un drástico incremento de los precios y la incapacidad del Gobierno de contener el tope impuesto.

A todo esto se añadió la devaluación del rublo, que hizo que las exportaciones fuesen más atractivas, drenando más aún el mercado interno, la falta de locomotoras para el transporte de mercancías debido a la guerra en Ucrania y el incremento de los precios del crudo como resultado de las restricciones de exportación de la OPEP+.

La solución del Gobierno de Vladimir Putin fue prohibir temporalmente la exportación de gasolina y diésel para resolver así el déficit de combustible en el país. Dos semanas después, la prohibición fue levantada parcialmente, permitiendo exportar a las empresas que vendiesen la mitad de su producción en el mercado interno. En noviembre, las restricciones desaparecieron por completo, dejando, aun así, un sabor agridulce para los exportadores. El hecho de que el Ejecutivo usase la opción radical de prohibir todas las exportaciones demuestra la falta de otros métodos más eficientes y elegantes de evitar un incremento desmesurado de precios.

Mientras continúe el conflicto en Ucrania el Gobierno ruso se verá obligado a seguir imponiendo medidas subóptimas para posponer lo máximo posible los efectos negativos que supone para una sociedad una guerra de gran escala. Eso hará de la economía rusa un verdadero Frankenstein de restricciones estatales y muletas temporales que serán insostenibles para cualquier gobierno en el futuro.

Iván Ortega Egórov

Estudiante de Economía y Estudios Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid

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