Crónica de la espiral de tensión entre Washington y Pekín (y II)

Washington. A diferencia de su antecesor, Joe Biden está buscando la complicidad de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Australia, India y otros aliados para ejercer presión sobre Pekín. En su primera semana en el cargo, la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, mantuvo conversaciones telefónicas con doce de sus homólogos, pero no con el de China. No se prevén concesiones adicionales por parte de la Casa Blanca en materia comercial por varios motivos.

En primer lugar, el Trade Promotion Authority (TPA), que vence el 30 de junio de este año, permite a la rama ejecutiva negociar acuerdos comerciales con terceros países con mayor credibilidad porque el Congreso únicamente puede aceptarlos o rechazarlos, pero no enmendarlos. Fue concedido por última vez en 2015 y no se sabe si la administración Biden querrá gastar capital político en lograr su renovación.

El segundo es que los Demócratas no tienen fácil renovar sus escuetas mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre de 2022. Los votantes republicanos sienten más hostilidad que los demócratas hacia China. Solamente un 53% de los estadounidenses tiene confianza que Biden abordará eficazmente las relaciones con Pekín, su registro más bajo sobre política exterior.

El 21 de abril, el Strategic Competition Act of 2021 fue aprobado por 21 votos a favor y únicamente uno en contra en el comité de relaciones exteriores del Senado. El presidente del comité, el demócrata Bob Menéndez, declaró que el propósito de la legislación es que EEUU pueda competir con China en todas las dimensiones de poder nacional e internacional durante las próximas décadas. La legislación advierte que China está ejecutando un plan para lograr la hegemonía en la región del Indo-Pacífico, desplazando a los EEUU.

Una línea dura respecto a China es uno de los pocos ámbitos donde hay consenso entre Demócratas y Republicanos. El proyecto de ley pretende hacer frente a las prácticas comerciales, ciberataques, subvenciones públicas en tecnología y violaciones de derechos humanos que Washington atribuye a Pekín.

El proyecto de ley contiene 655 millones de dólares en financiación militar para la región Indo-Pacífico en el periodo 2022-2026. Amplía las competencias de CFIUS, especialmente en relación con donaciones y contratos chinos con universidades de EEUU. Resalta que Taiwán es una “parte vital” de la estrategia de EEUU en el Indo-Pacífico y elimina toda restricción a contactos entre funcionarios de ambos países. Destaca la importancia de competir con China mediante la ayuda al desarrollo, con los aliados de EEUU y en los organismos internacionales.