Crónica de la espiral de tensión entre Washington y Pekín (I)
Washington. Joe Biden anunció ya antes de tomar posesión que su política respecto a China sería más dura que la de presidentes antecesores del Partido Demócrata. Esta postura reflejaba parcialmente el rápido deterioro de la imagen de China en EEUU, ya que, según una encuesta de Pew Research de marzo, un 89% de los estadounidenses considera que Pekín es un competidor o enemigo, pero no un socio.
Limitar el poder y la influencia de China debe ser una prioridad de la política exterior de EEUU para el 48% de los encuestados, tasa que era un 32% en 2018. Un 70% es partidario de una política que promueva los derechos humanos aunque perjudique los vínculos económicos. Solamente un 15% tiene confianza en que el líder chino, Xi Jinping, actuará de forma correcta en temas globales, mientras un 82% no la tiene.
La percepción de China como la mayor amenaza a la supremacía de EEUU antecede a Donald Trump. Barack Obama proclamó en 2012 que su gobierno planteó el doble de recursos que su antecesor contra las prácticas de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante la presidencia de Obama se produjeron vetos a la adquisición de empresas tecnológicas de EEUU u occidentales por parte de empresas públicas o privadas chinas.
El Comité para Inversiones Extranjeras en EEUU (CFIUS) es el mecanismo intergubernamental gestionado por el ministerio de Finanzas que revisa compras de empresas de EEUU por parte de capital extranjero para determinar si son una amenaza para la seguridad nacional del país. Aunque la recomendación de CFIUS lleva peso, el presidente tiene la última palabra.
Obama prohibió la adquisición de Aixtron SE por parte del fondo de inversión público chino Fujian Grand Capital. Aixtron fabrica láminas de cristalino derivadas del nitruro de galio, un componente de las baterías antimisiles Patriot de EEUU. Obama también prohibió que Philips vendiera su división Lumileds a GO Scale Capital y GRS Ventures por el mismo motivo.
EEUU se ha reincorporado al Acuerdo de París para combatir el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). A finales de febrero se comprometió a proporcionar 4.000 millones de dólares para el programa de vacunación global COVAX gestionado por la OMS y la Alianza para la Vacunación (GAVI). La mitad de dicha cantidad se desembolsará inmediatamente para contribuir al objetivo de vacunar a 2,1 billones de personas de países en vías de desarrollo antes de finales de 2021.
Asimismo, Washington prorrogó cuatro meses la suspensión de los aranceles para 99 productos médicos y relativos a la COVID-19 procedentes de China. Aunque Biden ya anticipó algunas de dichas medidas durante su campaña, se pueden englobar dentro de la rúbrica de retorno de EEUU a un multilateralismo que China (y otras potencias) ansiaba y reclamaba durante la presidencia de Trump.
Según la Casa Blanca, el 10 de febrero el presidente Biden expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Hong Kong y la provincia de Xinjiang a su homólogo chino, Xi Jinping, en el transcurso de su primera conversación telefónica.
La administración Biden a principios de marzo anunció que mantenía los aranceles de 7,5% o 25% sobre 360.000 millones de dólares de exportaciones chinas impuestos por Trump a la espera de una revisión que puede alargarse más de dos meses. Hasta finales de febrero, China había adquirido un 57% de los productos estadounidenses que se comprometió a importar bajo la fase 1 del acuerdo comercial sellado entre ambos países en enero de 2020.
En la primera reunión de alto nivel celebrada en Alaska el 19 de marzo, las delegaciones de EEUU y China se cruzaron reproches y acusaciones. Los emisarios de Pekín dejaron claro que China se considera un igual de EEUU en el escenario internacional.
Dos días después del fiasco, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá se sumaron a la congelación de activos y prohibiciones de viaje ya impuestas por Washington sobre altos funcionarios y empresas chinas acusadas de diseñar y ejecutar la política en Xinjiang.
En su primera entrevista, la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, argumentó que los aranceles son una baza que su país espera produzca concesiones de China en materia comercial, de inversiones y de derechos humanos.
El 30 de marzo se publicó el informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en China en 2020, cuyo estudio sentencia que “se perpetraron genocidio y crímenes contra la humanidad contra los uigures, que son predominantemente musulmanes, y otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang”.
Según el Departamento de Estado, dichos crímenes incluyen “el encarcelamiento arbitrario u otra privación severa de la libertad física de más de un millón de civiles; esterilizaciones forzosas, una aplicación más restrictiva de la política de control de natalidad de China; violaciones y torturas de una gran cantidad de los detenidos.”
Alexandre Muns
Dr. Alexandre Muns Rubiol Professor, OBS & EAE Business School y exasesor del presidente del Banco Mundial
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