Tras la anulación de la Ley de extradición, los hongkoneses piden la dimisión de la jefa del Ejecutivo

Respecto a la suspensión del proyecto de ley – suspensión temporal – los líderes del Frente Civil por los Derechos Humanos consideran que el procedimiento podría retomarse en cualquier momento por lo que han hecho este llamamiento a continuar con las protestas hasta que el proyecto sea retirado definitivamente.

Lam ha defendido siempre la aprobación de esta ley en la medida en que viene a cerrar un vacío legal, pues Hong Kong no tiene acuerdos bilaterales de extradición con ningún país. Lo que habría convertido a esta ciudad en un refugio seguro para criminales con delitos en otros países, como parece haber sido el caso con un delincuente originario de Taiwán, sospechoso de asesinato, detenido en Hong Kong por otros delitos. Lam añade que los ciudadanos hongkoneses no deben tener temor alguno ya que la ley está pensada para delitos de derecho común. No obstante, tanto los líderes del Frente Civil como infinidad de periodistas, profesores, intelectuales, disidentes y opositores al régimen de China continental opinan que la extradición podría servir de instrumento para entregarlos a las autoridades del régimen comunista, cuya separación de poderes es todo menos real.

En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong a China y una de las condiciones impuestas por los británicos al régimen de Pekín exigía el compromiso por parte las autoridades continentales de respetar su estatuto especial durante 50 años (hasta 2047). China desarrolló entonces la idea de un país, dos sistemas, en la que se incluía, entre otros asuntos, la no extradición de ciudadanos de Hong Kong a China.

Ciertamente, la aprobación de la extradición supondría una victoria para China que, tras las protestas de 2014, llevó a cabo secuestros y el consiguiente traslado a su territorio de intelectuales críticos con el régimen comunista, lo que hace pensar que Pekín está perdiendo la paciencia con un sistema de libertades que no tolera en el resto del país.

Y, en ello, se apoya también el Frente Civil por los Derechos Humanos para aventurar que la aprobación de la ley ha sido la consecuencia inevitable de la presión ejercida por el régimen de Pekín para reformar el estatuto y aprobar la ley.

Carrie Lam, primera mujer jefa ejecutiva del Gobierno de la ciudad autónoma de Hong Kong, juró su cargo el 1 de julio de 2017 y en su discurso de investidura afirmó que la antigua colonia británica estaba sufriendo una grave fractura social entre partidarios y detractores del régimen por lo que su prioridad como líder del país sería curar esa herida y acabar con la división. Esta promesa y el hecho de que nunca daba marcha atrás en sus objetivos políticos le granjearon el sobrenombre de la buena luchadora. Hasta hoy. 

En definitiva, la multitudinaria e histórica manifestación, alrededor de dos millones, según los  organizadores, y de unos 340.000, según fuentes policiales, rebasó el centro de Hong Kong en defensa del marco de libertades del que goza la excolonia británica, que cada vez se ve más sometida a la influencia de China continental.