Taiwán suprime el adulterio del Código Penal

Madrid. El Tribunal Constitucional de Taiwán ha eliminado el delito de adulterio por el que se castigaba a través del Código Penal las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una pena máxima de un año de cárcel tanto para el infiel de la pareja como para el amante si la víctima del engaño acudía a la justicia con pruebas que lo demostraban.

Para el Consejo de Grandes Jueces, el adulterio vulnera el derecho a la autonomía sexual e invade la privacidad de las personas de cara a un juicio contra los “delincuentes” que han sido denunciados por haber cometido presuntamente el delito.

La corte de apelación expresa que el adulterio, implantado en 1935 en la República de China, todavía afincada en el continente, del general Chiang Kai-shek, ha ayudado de forma “leve” a proteger el matrimonio.

Además, el Constitucional concluye que la norma perjudicaba la igualdad ante la ley cuando la víctima que denunciaba haber sufrido una infidelidad decidía retirar de la acusación solo a su pareja mientras mantenía los cargos contra el supuesto amante.

La legislación consideraba igualmente responsables del delito tanto al infiel como al amante.

Con todo, el TC ha determinado que son legítimas las propuestas legislativas destinadas a conservar, con “la intención de salvaguardar el matrimonio”, el adulterio, que a su criterio no ha puesto en peligro ni el orden social ni el bienestar público.

Dieciocho jueces recibían en marzo el encargo de deliberar sobre la continuidad de este delito en el Código Penal al existir sobre la mesa las solicitudes de otros tantos jueces para revisar una interpretación que declaraba constitucional el adulterio en 2002.

Esa interpretación establecía que la libertad para mantener relaciones con personas ajenas a la pareja era conveniente “con el propósito de proteger el matrimonio y la familia”.

Seis ciudadanos sentenciados por adulterio habían reclamado a su vez que el órgano se pronunciara en contra tras agotar ante los tribunales ordinarios todos los recursos posibles sin obtener recompensa.

Una encuesta planteada en 2013 por el Ministerio de Justicia indicó que el 80 por ciento de los taiwaneses eran contrarios a despenalizar el adulterio.

Lung Ying-tai, por aquel entonces ministra de Cultura, opinaba que el acelerado desarrollo de la democracia en Taiwán chocaba con algunas leyes -como la del adulterio- que ponían en duda la imagen de la isla como un país con plenas libertades.

Las autoridades, agregaba Lung, no deberían entrometerse en la vida sexual de la gente, que se veía forzada a depender de jueces, policías y detectives para vigilar a su cónyuge.

Según otro sondeo, en 2017 los defensores de perseguir penalmente el adulterio representaban al 69 por ciento de la población.

El presidente del Constitucional, Hsu Tzong-li, daba a conocer el fallo esta semana en una audiencia pública, por primera vez en la historia, con la presencia en la sala de justicia de los quince jueces que forman la corte.

“La abolición del delito de adulterio en el derecho penal es una clave importante para la igualdad familiar, pero no es el objetivo final”, ha valorado una asociación en defensa de los derechos de las mujeres, que sugiere que lo realmente necesario “ante un matrimonio lesionado” es “asesoramiento psicológico, educación emocional y otros recursos de apoyo”.

Un abogado de la asociación criticaba en marzo en una rueda de prensa la diferencia de demandas sobre hombres y mujeres, en mayor número dirigidas contra el sexo masculino, y la proporción de condenas, más habituales en el femenino.

La isla de Formosa era junto a Corea del Norte uno de los bastiones en el nordeste asiático de los partidarios de reprimir las aventuras fuera del matrimonio por la vía penal, una vez Corea del Sur lo despenalizara en 2015, y esté sin tipificar en China y Japón.

Sergio Perea Martínez

Sergio Perea Martínez

Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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