Nuevas medidas del Banco Popular de China (y II): Prevenir una crisis bancaria nacional

| Mussi Katz, Flickr
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Berlín. No obstante, a pesar del considerable bagaje de medidas, muchos expertos creen que serán insuficientes. El crecimiento económico de China sigue estando propulsado principalmente por la inversión, mientras el consumo interno se mantiene débil en comparación con otros países. La falta de una seguridad social inclusiva, la política de hijo único, la desigualdad social y más recientemente la pandemia son considerados los principales responsables de esta cualidad de la economía china, que la llevó a finales de 2024 a punto de entrar en deflación. En 2024 el crecimiento del IPC se mantuvo famélico, trayendo recuerdos de Japón y su estancamiento económico durante las tres últimas décadas.

El ahorro excesivo influye también en la acumulación de deuda. Aunque la deuda de los hogares se mantiene a un nivel medio (62,6 % del PIB), la deuda de los gobiernos regionales causa mucha preocupación. En 2023 la deuda pública alcanzaba el moderado 69 % del PIB, repartido 29 % y 40 % entre el Gobierno central y las autoridades locales respectivamente. No obstante, una medida más extensa desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye los llamados LGFV (del inglés ‘Local Government Financial Vehicle’, Vehículo Financiero de Gobierno Local), indica que la deuda regional llega al 88 % del PIB, impulsando el valor de la deuda soberana total al 117 %, un 4 % por debajo de Estados Unidos.

En China, la distribución de poder económico entre centro y periferia (unitaria en lo fiscal, pero federal en la toma de decisiones) hizo posible una ardua competencia entre regiones con recursos limitados, pero grandes ambiciones. La carrera política de un gobernador o alcalde regional depende de su capacidad de conseguir el mayor crecimiento económico posible en su región encomendada. Al tener prohibido el endeudamiento directo, los gobiernos locales optaron por el camino gris de las LGFV, que permitían tomar dinero prestado de bancos privados a buenas condiciones debido a la expectativa implícita de que este crédito estaba garantizado por un gobierno regional. Combinada con los ingresos de la venta de derechos al uso de terrenos a las inmobiliarias y la corrupción, la creciente deuda permitió financiar múltiples megaproyectos de infraestructura por todo el país.

El Gobierno central chino era totalmente consciente de las actividades técnicamente ilícitas en las que estaban involucrados los gobiernos locales, pero mientras esto no afectase a la estabilidad del sistema y siguiese proporcionando un mayor crecimiento económico, estaba dispuesto a hacer la vista gorda e incluso rescatar las LGFV en caso de crisis. Este paradigma cambió en 2014, cuando se les permitió a las autoridades regionales endeudarse formalmente con bonos. La idea era incentivar a los gobiernos locales a formalizar su deuda, pasándola de vehículos financieros legalmente independientes a bonos oficiales, facilitando el control centralizado de su emisión. No obstante, los datos indican que la financiación por medio de LGFV no solo no cayó en popularidad, sino que aumentó y se mantiene al mismo nivel que la deuda en bonos, lo que demuestra que el endeudamiento local se debe a motivos más allá de la simple falta de fondos.

Esta deuda, a la que están expuestos muchos bancos regionales chinos, se convirtió en un verdadero problema cuando empezó a bajar la inversión en construcción y, por ende, las ventas de terrenos y los ingresos de los gobiernos locales. En caso de que un gobierno local chino esté a punto de quebrar, Pekín se verá ante un dilema: intervenir, aceptando la gigantesca deuda de todas las regiones como suya y comprometiéndose a pagarla, o mantenerse al margen, poniendo así en peligro el crecimiento económico del país. La primera opción puede parecer la más obvia, pero supondría mancillar la reputación crediticia de China, que busca postularse como la cúspide de responsabilidad presupuestaria. Esta posibilidad ya la descuenta la firma Fitch Ratings al rebajar las perspectivas de la deuda soberana china a negativo.

Pekín puede también intentar minimizar los daños de una posible quiebra local, incentivando a grandes bancos a absorber las débiles y poco diversificadas cajas rurales y otras entidades de crédito de menor tamaño. Así podría evitar el efecto dominó que podría causar una crisis bancaria nacional. No obstante, estas son medidas preventivas y no contribuyen a la solución del problema original.

La crisis inmobiliaria y la sobreoferta especulativa de vivienda es tan solo la mitad del problema. Incentivos monetarios o crediticios lo suficientemente grandes y, por ejemplo, la abolición del hukou -sistema de registro de hogares que permite controlar el acceso a la vivienda- podrían traer más demanda al mercado y estabilizar los precios de los inmuebles. Lo que no solucionaría son las inversiones arriesgadas y el endeudamiento excesivo que multiplican los posibles riesgos en la economía china.

El ‘statu quo’ actual le ha permitido a China alcanzar un despegue económico sin precedentes, pero ahora cada vez más expertos se preguntan si este modelo será sostenible a largo plazo. La cantidad de medidas adoptadas demuestra que el Gobierno de Xi Jinping toma en serio los riesgos que invoca la crisis inmobiliaria. Lo que queda por averiguar es si tiene un plan.

Iván Ortega Egórov

Estudiante de Economía y Estudios Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid

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