La aprobación de ley anti-conspiración divide a la sociedad japonesa

Uno de los apéndices de la ley relaciona presuntas acciones como preparación para delinquir que resultan, cuando menos, curiosas. Así, se tipifica la organización de carreras de bicicletas sin licencia como una de ellas; igualmente, la violación de los derechos de autor y el hurto de plantas de reservas forestales, delitos que en opinión de quienes la critican, poco tienen que ver con el terrorismo, al tiempo que destacan que una de ley de estas características sirve para dar al gobierno amplia libertad para someter a la ciudadanía a una vigilancia permanente.

Sin embargo, Abe insiste en que esta ley ayudará a prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en Japón antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, ya que permitirá a la policía detener a individuos y grupos criminales que planeen cometer delitos y es un paso previo y necesario para la ratificación por Japón de la Convención de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada internacional, de diciembre de 2000. Además, Abe se ha dado de plazo hasta 2020 para reformar la actual  Constitución pacifista de Japón.

No lo ven así ni la Federación de Colegios de Abogados de Japón, ni el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la privacidad, ni innumerables organizaciones no gubernamentales.

La Federación de Colegios de Abogados de Japón, por su parte, advierte de que esta ley es probable que viole las libertades civiles de los individuos y se ha comprometido a estar pendiente de cualquier incidente que se pueda producir.

El Relator Especial de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, ha manifestado en una carta dirigida al gobierno su preocupación y un rechazo firme a esta ley por los riesgos que supondría su aplicación arbitraria, debido a la vaga definición de la planificación y por la inclusión de una variedad excesiva de delitos con poca relación con el terrorismo y el crimen organizado.

Joseph Cannataci incluso se ha visto obligado a responder al jefe de gabinete del primer ministro, Yoshihide Suga, quien le había acusado de actuar de forma inadecuada con sus advertencias y que presentó una protesta ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cannataci consideró que las airadas palabras de Suga no aportaban ninguna mejora ni sugerían que el gobierno fuera a reflexionar sobre los perjuicios que esta ley pueda ocasionar a los derechos civiles de los ciudadanos.

Entre las organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional también ha dado la voz de alarma, mientras que Murata Renho, la líder del Partido Democrático, en la oposición, se ha manifestado indignada por la aprobación por la Dieta de esta ley.