La detención del presidente de Corea del Sur adelantará al TC a tomar una decisión definitiva sobre su inhabilitación

No obstante, según Yoon, al final acepto comparecer ante los funcionarios de la CIO para evitar un derramamiento de sangre y añadió que se «había roto el estado de derecho de Corea del Sur», y ahora los propios investigadores pueden retenerle hasta 48 horas a la espera de una orden judicial para mantener el arresto durante al menos 20 días más antes de ser llevado a juicio tras ser acusado formalmente, aunque en sus primeras horas de su detención se ha negado a declarar en su interrogatorio, una situación anómala nunca vista políticamente en el país.

El equipo de seguridad presidencial tiene el cometido de proteger al líder del país y Yoon, a pesar de estar suspendido, sigue siendo el presidente electo, por lo que sus guardaespaldas consideraban que la orden de arresto representaba una amenaza para la seguridad del presidente, de ahí que las autoridades montaran un dispositivo sin precedentes para llevar a cabo, esta vez con éxito, la orden de arresto contra el presidente que envió soldados armados al Parlamento (Asamblea Nacional) bajo una efímera ley marcial y que ha ignorado todas las citaciones para ser interrogado por ello.

El ya expresidente quiso sacar rédito de su fragilidad política cuando el Parlamento, con mayoría de la oposición, le derribó los presupuestos y luego Yoon infundió un «miedo» inexistente al acusar a la oposición de estrechar vínculos con Corea del Norte, lo que le sirvió para aplicar la ley marcial que ha sido su tumba política, e incluso Yoon Suk-yeol insinuó que Pyongyang pudo haber manipulado las elecciones legislativas de abril pasado que dieron la mayoría parlamentaria a la oposición o, aún más «inverosímil», que espías chinos se habrían infiltrado en las instituciones surcoreanas para desestabilizar a su Gobierno.

Una posible destitución definitiva por el TC daría paso a convocar elecciones presidenciales en 60 días, pero en medio de tensiones políticas entre los partidos que configuran el actual espectro político del Legislativo, dado que en caso de comicios presidenciales si ganara el actual gobernante Partido del Poder Popular (PPP), el Parlamento continuaría con mayoría de la oposición tras su victoria legislativa de abril pasado. Pero la derrota legislativa del PPP ha supuesto que luego Yoon Suk-yeol cometiera el error político de aplicar la ley marcial, y en el caso de una victoria en los comicios presidenciales del opositor e izquierdista y liberal Partido Democrático (PD) encabezado por su líder, Lee Jae-myung, artífice de bloquear la ley marcial, la situación política sería muy diferente a la actual, dado que tendría mayoría legislativa.

Si al final, lo que puede ocurrir en marzo y no en junio dada la tensa crisis política que vive el país, el Constitucional destituya a Yoon Suk-yeol, la política de la oposición en caso de que ganara la Presidencia del país sería muy distinta de la actual Administración surcoreana. Lee Jae-myung sería más conciliador con Corea del Norte e incluso con China, y al mismo tiempo reduciría su gran dependencia con Estados Unidos, sobre todo en el terreno militar, que además Donald Trump ha insistido a sus aliados que deben pagar más por la defensa de su país o por mantener a sus soldados (28.000 en Corea del Sur) en las distintas bases militares, aunque Trump ya reiteró que prefiere que siga como presidente Yoon Suk-yeol.

No obstante, unos posibles comicios presidenciales adelantados le favorecerían a Lee Jae-myung, líder de la oposición del PD, que insiste en celebrarlos sin esperar a la sentencia del TC, mientras al partido gubernamental del PPP le va mejor alargar la cita electoral e incluso la destitución de su actual presidente. Y sin olvidar que Lee Jae-myung claro que puede ser un firme candidato presidencial, pero tiene pendiente cinco juicios por diferentes causas, desde las acusaciones de violación de la ley electoral hasta perjurio. Si es condenado, le caerían al menos diez años de inhabilitación. De ahí también las prisas de la oposición, que ostenta mayoría legislativa, antes de un fallo judicial que pueda inhabilitarlo.