Crece el apoyo a la gestión de Shinzo Abe pese a un nuevo escándalo en su Gabinete
Madrid. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, probablemente no haya salido aún de su asombro tras una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días que podrían indicar una caída del apoyo de la ciudadanía a su gestión y que, sin embargo, han producido un aumento, además de proporcionarle un margen de maniobra más amplio en las decisiones que habrá de tomar en los próximos meses.
El primero de esos acontecimientos sucedió el pasado 28 de enero cuando el ministro de Economía, Comercio e Industria, Akira Amari, presentó su dimisión, una semana después de que el semanario conservador Shukan Bunshun revelara que el Departamento de Amari había recibido 12 millones de yenes (95.000 euros) – parte de esta cantidad en sobres – de un representante de una empresa de construcción, a cambio de obtener un trato de favor por parte de una agencia gubernamental.
No es la primera vez que Abe ha tenido que hacer frente a situaciones de esta índole en lo que lleva de legislatura, desde las elecciones de diciembre de 2012, que ganó con amplia mayoría.
La entonces ministra de Economía, Yuko Obuchi, dimitió como consecuencia de varios escándalos sin relación entre sí, en octubre de 2014, al igual que la titular de Justicia, Midori Matsushima, por otro escándalo. Yoichi Miyazawa, que sustituyó a Obuchi, hizo público, por esas mismas fechas, que, años atrás, una oficina local del Partido Liberal Democrático (PDL) que él presidía en la prefectura de Hiroshima, había aceptado una donación de 400.000 yenes (3.150 euros) de una compañía de propiedad mayoritariamente extranjera, lo que está prohibido por la ley japonesa, ya que cualquier donación a los parlamentarios debe proceder de empresas con más de un 50% de accionistas japoneses. Miyazawa alegó desconocer que los accionistas fueran extranjeros en su mayoría y la cosa no pasó a mayores.
El segundo acontecimiento de importancia tuvo lugar al día siguiente de la dimisión del ministro Amari, aunque sin relación con este hecho.
El pasado 29 de enero, el Banco Central de Japón (BoL) adoptó, por primera vez en su historia, tipos de interés negativos, en un intento por alejar el fantasma de la deflación, en una economía que lleva ya muchos años, desde la década de los ochenta, a medio gas y en la que su principal mercado bursátil, el Nikkei, está experimentando caídas superiores, en algunos casos, al 5%. Como consecuencia de la adopción de los tipos de interés negativos, el bono japonés con rendimiento a diez años ofrece hoy una rentabilidad del -0,035% y, aun así, los inversores han seguido comprando deuda de Japón.
Como podía esperarse ante el más reciente de los escándalos, el Partido Democrático de Japón, principal partido en la oposición, ha intentado beneficiarse del desconcierto del Gobierno, aunque con poco éxito, pues todavía se lame las heridas del estrepitoso fracaso en las elecciones de 2012.
Por otra parte, ha sido la gestión acertada de Abe en el caso Amari, es decir, el haber aceptado su renuncia, la que ha producido los efectos más positivos en el aumento del apoyo a su gestión por los japoneses. Cuando el rotativo Shukan Bunshun destapó el escándalo de Amari, éste parecía convencido del apoyo de Shinzo Abe, tal vez recordando la escasa reacción del Primer Ministro a escándalos similares sucedidos durante su gobierno de los años 2006 y 2007, debidas en parte a la etérea interpretación de las normas relativas a las donaciones políticas y que tuvieron consecuencias desastrosas. Amari se equivocó y unos días después dimitió como Ministro. Abe entonces, nombró como sustituto a Nobuteru Ishihara, líder de una de las facciones minoritarias del Partido Liberal Democrático, nombramiento criticado por su falta de experiencia en economía y por tener cierta tendencia a dar patinazos en asuntos políticos.
Las consecuencias de los últimos escándalos no parece que vayan a interferir en la serie de decisiones que Shinzo Abe debe tomar en los próximos meses ni en los objetivos que busca, si tenemos en cuenta, además, que el pueblo japonés culpa al desacelerón chino de la actual situación de la economía en Japón y no a las reformas estructurales de Abe.
El último escándalo ha retrasado el debate en la Dieta – el parlamento japonés – de los presupuestos para el próximo año fiscal, que comenzará el próximo 1 de abril, pero hay pocas dudas respecto a que serán aprobados.
Otro de los objetivos de Abe para llevar a cabo reformas económicas estructurales, la ratificación del ingreso en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés), puede que sufra retrasos, toda vez que el jefe de la delegación japonesa en las negociaciones era Akira Amari, cuya ausencia del proceso puede dar algún que otro dolor de cabeza al Primer Ministro, en la medida en que ahora puede resultar más difícil conseguir que los acuerdos alcanzados sean ratificados por la Dieta y calmar a los agricultores a los que se les pide una rebaja de sus precios, aunque han recibido algunas ayudas económicas para tratar de paliar los efectos sobre sus rentas.
No obstante, la guinda de sus objetivos, por encima de las reformas económicas, se concentra en conseguir que la Dieta apruebe una reforma constitucional que permita a Japón actuar como una potencia militar normal, dejando atrás las limitaciones que le fueron impuestas tras la Segunda Guerra Mundial. Para conseguirlo Abe necesita el apoyo de dos tercios de las dos cámaras de la Dieta
Es probable que intente hacer uso de su actual fortaleza política para conseguir este cambio, si obtiene buenos resultados en las elecciones a la cámara Alta, en unas elecciones anticipadas a la cámara Baja y con el apoyo de otros partidos afines al PDL.
Juan de Castro Pita
ex consultor de Naciones Unidas
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