La hora de España en la reconfiguración global: ¿Frontera con los BRICS?
Madrid. Si las oportunidades para España de relacionarse institucionalmente con los BRICS+ son evidentes, no lo son menos los beneficios que los BRICS+ obtendrían de una asociación estructurada con nuestro país.
No se trata de una relación unidireccional, ni mucho menos de una suerte de altruismo geopolítico, que no existe en el enrevesado magma de las relaciones internacionales vertebradas por intereses, necesidades y urgencias. Es un intercambio donde ambas partes tienen algo que ofrecer y algo que ganar. Ese valor añadido, el que España aportaría a la mesa de los BRICS+, se articula en tres vectores estratégicos que merecen ser examinados con detenimiento.
El primero, y quizás el más inmediato, es el acceso al laberinto regulatorio europeo. La Unión Europea (UE) es, simultáneamente, el mayor socio comercial de muchos países BRICS –China, India, Brasil encabezan la lista- y un espacio cada vez más complejo, restrictivo y, para muchos actores externos, hostil. Lo que Bruselas presenta como defensa de estándares sociales y medioambientales se lee en Nueva Delhi, Pekín o Brasilia como un proteccionismo de nuevo cuño, disfrazado de una suerte de «virtud normativa».
Los gobiernos y empresas de los BRICS+ enfrentan dificultades crecientes para afrontar y moverse en ese entramado regulatorio. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, por ejemplo, impone costes adicionales a las importaciones de sectores intensivos en emisiones -acero, cemento, fertilizantes, electricidad-, una barrera que golpea directamente a la siderurgia india y a la agroindustria brasileña.
Otro ejemplo es el Reglamento europeo de inversiones extranjeras directas, que somete a escrutinio las adquisiciones de empresas de fuera de la UE en sectores estratégicos. Una puerta que se cierra progresivamente para los fondos soberanos chinos o emiratíes. La regulación de materias primas críticas limita el acceso a recursos esenciales para la transición energética -litio, cobalto, tierras raras- que muchos BRICS poseen en abundancia. Y el Reglamento General de Protección de Datos, con sus estándares elevados y sus multas millonarias, convierte la transferencia de datos personales en un campo minado para las empresas tecnológicas.
España, por su peso en el Consejo de la UE -con un voto ponderado mayor en determinadas configuraciones-, puede ser mucho más que un espectador en este escenario. Puede actuar como interlocutor de confianza para los BRICS+, un puente que no solo conecta, sino que traduce y comunica. Eso implica, en primer lugar, ofrecer servicios de asistencia técnica para que empresas e instituciones de los BRICS adapten sus productos y procesos a la normativa europea sin tener que recurrir a consultoras con sede en Londres o Nueva York, países que ya no son -o no quieren ser- la puerta de entrada natural a Europa. España debe aprovechar al máximo tanto el Brexit como el desprecio de la Administración Trump hacia Europa.
Y en segundo lugar, emplear su capacidad de influencia sobre la agenda regulatoria europea para abogar por cláusulas de excepción o períodos transitorios más largos en determinados sectores de interés para los BRICS+, como la agroalimentación brasileña o la siderurgia india. No se trata de socavar la normativa europea, sino de hacerla menos lesiva, más realista, menos unilateral.
Hay además una dimensión operativa que a menudo se subestima. La «geografía institucional» puede dar muchos réditos a España. Nuestro país, sus ciudades, tienen las condiciones objetivas para convertirse en la sede física de oficinas de representación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), de las agencias de promoción de inversiones de los BRICS o de cámaras de comercio conjuntas en territorio de la UE. Madrid no solo es una ciudad global, con infraestructura y conectividad, sino que está en el sur de Europa, en el flanco que mira hacia el Mediterráneo y el Atlántico sur, no hacia el Báltico ni el Mar del Norte. España no debe ser vista como un peón del Norte Global, como un mero vasallo o subalterno de intereses anglo-eurocéntricos. Para los BRICS+, que una de sus ventanas operativas en Europa esté en España, y no más arriba, tiene un valor simbólico y práctico que ningún informe de consultoría captura.
El segundo vector estratégico es Iberoamérica, no «Latinoamérica», término este último no sólo incorrecto a nivel cultural sino también inapropiado diplomáticamente. Ningún país europeo posee la densidad de vínculos históricos, culturales, con esa región que atesora España. Es lengua, derecho, religión, familias. Pero también es inversión acumulada que supera los 120.000 millones de euros, con presencia continuada de bancos, telecos, energéticas y constructoras que han convertido a Iberoamérica en una extensión natural del espacio económico español. Y es, además, institucional -la Conferencia Iberoamericana, la SEGIB, la Cumbre UE-CELAC- y migratoria, con una comunidad iberoamericana en España de más de 3,5 millones de personas que tejen redes que los tratados de libre comercio no pueden igualar.
Para los BRICS+, esta posición es estratégica por dos razones complementarias. La primera es Brasil. Miembro pleno de los BRICS, Brasil encuentra en España a su primer socio comercial europeo en sectores como la automoción, la maquinaria, los componentes eléctricos y el turismo. La alianza hispano-brasileña, reforzada en la cumbre de Barcelona que tuvo lugar en abril de este año, debe aspirar a ser un eje que pueda actuar como motor de la relación global entre los BRICS+ y la UE, así como facilitar acuerdos triangulares dentro de Iberoamérica en infraestructuras, energías renovables y digitalización rural.
La segunda razón se aplica al resto de los BRICS -China, India, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irán, Egipto, Etiopía-. Para ellos, España ofrece una plataforma de entrada a los mercados iberoamericanos con menores fricciones culturales, regulatorias y logísticas que desde Estados Unidos o directamente desde Asia. En un mundo donde las cadenas de suministro se reconfiguran -el ‘nearshoring’ se ha convertido en palabra de moda-, esa plataforma tiene un valor que no se mide solo en aranceles.
El tercer vector estratégico -quizás el más tangible, y el que menos necesita de declaraciones institucionales y más de inversión real- es la logística y la conectividad física. España puede albergar centros de coordinación logística que operen como auténticos nodos de redistribución para los productos de los BRICS+ con destino a Iberoamérica. Los puertos de Valencia y Algeciras (Cádiz), dos de las infraestructuras más dinámicas del Mediterráneo, están ya conectados con Cartagena de Indias, Veracruz y Santos. Lo que falta es voluntad política para convertir esa red en un activo estratégico compartido, no en una mera suma de tráficos portuarios.
Las empresas españolas pueden, además, desempeñar un papel que va más allá del mero intermediario. Pueden actuar como socios locales -en forma de ‘joint ventures’- para las inversiones de los BRICS+ en sectores sensibles de la región iberoamericana. Recursos naturales, infraestructuras, telecomunicaciones. Áreas donde el capital extranjero encuentra a menudo resistencias políticas, ambientales o sociales, y donde una empresa española con presencia arraigada, conocimiento del terreno y experiencia en la gestión de conflictos locales puede marcar la diferencia entre un proyecto viable y uno bloqueado por la desconfianza o la incomprensión.
Los BRICS+ han mostrado un interés creciente, en los últimos años, por asegurar rutas comerciales alternativas que reduzcan su vulnerabilidad a los cuellos de botella tradicionales. El canal de Suez, el estrecho de Ormuz, el estrecho de Malaca, son puntos de estrangulamiento donde una crisis regional, un bloqueo naval o un accidente pueden paralizar el comercio mundial durante semanas. Diversificar no es una opción, es una necesidad estratégica.
En ese contexto, el sistema portuario español ofrece una respuesta que ningún otro país europeo puede igualar en su conjunto. Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena. Cuatro puertos que no compiten entre sí, sino que se complementan, y que juntos constituyen la puerta sur de entrada al mercado único europeo. Están conectados por una red ferroviaria de ancho estándar que atraviesa los Pirineos y se adentra en Francia, Alemania y el resto del continente. Esa conectividad terrestre, que España tardó décadas en construir y que aún arrastra déficits en su tramo mediterráneo, es precisamente lo que convierte a sus puertos en algo más que terminales, sino en auténticas plataformas logísticas de alcance continental.
Hay, además, una dimensión energética que raramente se menciona en los informes de comercio exterior, pero que pesa tanto como los contenedores. España dispone de la mayor capacidad de regasificación de GNL de la Unión Europea. Más del 30 % del total europeo, con seis plantas operativas y una séptima en proyecto. No es un dato menor. Eso permite ofrecer a los países productores de gas dentro de los BRICS+ -Rusia, EAU, Arabia Saudí, e indirectamente Irán– una vía de suministro a Europa que no depende de gasoductos sujetos a sanciones geopolíticas o a conflictos en Ucrania o el Cáucaso. En un continente que ha aprendido por las malas que su dependencia energética es su principal vulnerabilidad estratégica, esa capacidad de regasificación convierte a España en un activo que los BRICS+ no pueden ignorar.
En definitiva, los BRICS+ son una realidad estructural que no pueden ignorarse. Han llegado para quedarse, y que seguirá creciendo, aunque Europa decida mirar hacia otro lado. España no debe desaprovechar la oportunidad, y como hemos acabado de defender aquí, se encuentra, por su posición geográfica, su entramado económico, su densidad de vínculos transcontinentales y su perfil diplomático, en el lugar oportuno para convertir las tensiones internacionales en las oportunidades que necesita para adaptarse y mejorar su posicionamiento de cara al nuevo orden que está emergiendo.
España puede seguir siendo un espectador, cómodo en su papel de observador silencioso, subsumiendo sus posiciones en las de otros y asumiendo que el ‘statu quo’ europeo le basta. O puede decidir, de una vez, que los puentes no se construyen solos y que puede ser ella misma puente y encrucijada de intereses y oportunidades que la pueden beneficiar mucho.
España tiene capacidad de sobra para apostar por una autonomía estratégica inteligente, por una diplomacia multivectorial, europea e iberoamericana, ejerciendo ese poder blando que ya posee, y aprendiendo que la diversificación económica, financiera y comercial no es una concesión de otros, sino una necesidad, y que el Sur Global no es una amenaza, sino un interlocutor con el que hay que aprender a hablar en igualdad de condiciones, sin paternalismos, ni neocolonialismos, ni moralismos eurocéntricos.
Lo que está en juego no es la pertenencia de España a la UE o a la OTAN. Ese es un falso dilema que arguyen aquellos que se sienten cómodos en el rol periférico y servil de un Norte Global cada vez más anquilosado. Lo que está en juego es si España quiere tener voz propia en el siglo que viene, o si prefiere seguir siendo el eco de quienes deciden por ella. En un mundo que ya no tiene un solo centro, la peor decisión estratégica no es elegir mal, sino no elegir. Y España, hasta ahora, ha optado por la inacción.
Los BRICS+ han abierto la puerta. El NDB ofrece financiación alternativa. Los fondos soberanos buscan activos. Las empresas españolas tienen experiencia que hacer y vender. Los puertos y las plantas de regasificación esperan ser usados. La Hispanidad, la Iberosfera, la lengua y la cultura comunes de 500 millones de personas son activos de influencia que nadie más puede reclamar. Todo está sobre la mesa. Solo falta la voluntad política para tomar lo que está al alcance de la mano.
El momento, como tantas veces en la historia de España, es de esos en los que no hacer nada ya es una decisión. Y, a diferencia de otros tiempos, el lujo de la indiferencia se ha vuelto demasiado caro.
Pablo Sanz Bayón
Profesor de Derecho Mercantil. Analista de asuntos financieros, comerciales y regulatorios internacionales.
