Tras la anulación de la Ley de extradición, los hongkoneses piden la dimisión de la jefa del Ejecutivo

Madrid. Los manifestantes hongkoneses siguen copando las calles de Hong Kong para pedir la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, pese a la suspensión temporal del proceso de aprobación del controvertido proyecto de ley de extradición de la antigua colonia británica.

La multitud, por segundo domingo consecutivo, se concentró en el Parque Victoria y en las estaciones de metro cercanas, la mayoría vestidos de negro y llevando una flor blanca. Una multitud que rondaba los dos millones de ciudadanos, según los propios organizadores, superior a las últimas concentraciones.

Las razones para que las protestas no se hayan interrumpido son varias y complejas. Tras la marcha de días anteriores, más de 80 manifestantes resultaron heridos y uno de ellos falleció a causa de la caída sufrida mientras intentaba colocar en lugar visible una pancarta contra la extradición. Ésta es una razón suficientemente poderosa para que la señora Lam dimita de su cargo como jefa del Ejecutivo, indicaban manifestantes.

El polémico proyecto de ley de extradición, cuya su aprobación pretendía realizar el Ejecutivo de Hong Kong este mes de junio fue suspendido hasta nuevo aviso tras provocar protestas masivas y el rechazo general de la sociedad hongkonesa.

Sin embargo, el movimiento ciudadano hongkonés no ha logrado la retirada definitiva de la ley y de ahí las manifestaciones ya no sólo para reclamar la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, sino también para que condene el excesivo uso de la fuerza policial durante las protestas de esta pasada semana. Unas protestas cuya dimensión ignoró la señora Lam al tiempo que trató de seguir adelante con el proyecto, que al final desistió por las manifestaciones que paralizaron la ciudad, en opinión de distintos analistas.

Por otra parte, si prospera la afirmación de que las protestas son una revuelta, riot en inglés, los once detenidos de días anteriores pueden enfrentarse a penas de privación de libertad de hasta diez años, que es el máximo con que se puede castigar a los participantes en una revuelta.

Y, aunque, cuando anunció la suspensión del procedimiento de aprobación de la ley, Lam  prometió oír a todos los que se oponen a ella y pidió perdón con humildad, según sus propias palabras, por los heridos en los enfrentamientos, en todo momento apoyó las actuaciones de la policía e hizo algunos comentarios que han indignado a muchas madres que no han dudado en salir también a la calle a manifestar su rechazo a lo que Lam denominó la reprimenda que cualquier madre habría hecho para corregir a un hijo díscolo, justificando así la represión policial.

Respecto a la suspensión del proyecto de ley – suspensión temporal – los líderes del Frente Civil por los Derechos Humanos consideran que el procedimiento podría retomarse en cualquier momento por lo que han hecho este llamamiento a continuar con las protestas hasta que el proyecto sea retirado definitivamente.

Lam ha defendido siempre la aprobación de esta ley en la medida en que viene a cerrar un vacío legal, pues Hong Kong no tiene acuerdos bilaterales de extradición con ningún país. Lo que habría convertido a esta ciudad en un refugio seguro para criminales con delitos en otros países, como parece haber sido el caso con un delincuente originario de Taiwán, sospechoso de asesinato, detenido en Hong Kong por otros delitos. Lam añade que los ciudadanos hongkoneses no deben tener temor alguno ya que la ley está pensada para delitos de derecho común. No obstante, tanto los líderes del Frente Civil como infinidad de periodistas, profesores, intelectuales, disidentes y opositores al régimen de China continental opinan que la extradición podría servir de instrumento para entregarlos a las autoridades del régimen comunista, cuya separación de poderes es todo menos real.

En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong a China y una de las condiciones impuestas por los británicos al régimen de Pekín exigía el compromiso por parte las autoridades continentales de respetar su estatuto especial durante 50 años (hasta 2047). China desarrolló entonces la idea de un país, dos sistemas, en la que se incluía, entre otros asuntos, la no extradición de ciudadanos de Hong Kong a China.

Ciertamente, la aprobación de la extradición supondría una victoria para China que, tras las protestas de 2014, llevó a cabo secuestros y el consiguiente traslado a su territorio de intelectuales críticos con el régimen comunista, lo que hace pensar que Pekín está perdiendo la paciencia con un sistema de libertades que no tolera en el resto del país.

Y, en ello, se apoya también el Frente Civil por los Derechos Humanos para aventurar que la aprobación de la ley ha sido la consecuencia inevitable de la presión ejercida por el régimen de Pekín para reformar el estatuto y aprobar la ley.

Carrie Lam, primera mujer jefa ejecutiva del Gobierno de la ciudad autónoma de Hong Kong, juró su cargo el 1 de julio de 2017 y en su discurso de investidura afirmó que la antigua colonia británica estaba sufriendo una grave fractura social entre partidarios y detractores del régimen por lo que su prioridad como líder del país sería curar esa herida y acabar con la división. Esta promesa y el hecho de que nunca daba marcha atrás en sus objetivos políticos le granjearon el sobrenombre de la buena luchadora. Hasta hoy. 

En definitiva, la multitudinaria e histórica manifestación, alrededor de dos millones, según los  organizadores, y de unos 340.000, según fuentes policiales, rebasó el centro de Hong Kong en defensa del marco de libertades del que goza la excolonia británica, que cada vez se ve más sometida a la influencia de China continental.

Juan de Castro Pita

Juan de Castro Pita

ex consultor de Naciones Unidas

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