La Haya falla en contra de China en su disputa marítima con Filipinas

Tribunal de La Haya

Madrid. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), del Tribunal internacional de La Haya, determinó esta semana a favor de Filipinas que la reclamación histórica de China sobre las islas Spratly no tiene fundamento legal, en la disputa que ambos países mantienen por el control del archipiélago, situado en el Mar de China Meridional.

El fallo, dictaminado por unanimidad y que se especifica como ‘’legalmente vinculante’’, da la razón a la denuncia interpuesta, en enero de 2013, por el anterior gobierno filipino ante la corte instalada en la ciudad holandesa de La Haya, tras la ocupación por parte de China del arrecife Scarborough -al oeste de Filipinas, próximo a las Spratly y a 850 kilómetros de la provincia insular china de Hainan-, en 2012.

Hasta seis países rivalizan por el control de las islas Spratly, un enclave geopolítico y económico de gran relevancia para el comercio internacional, tanto por su situación geográfica como por las reservas pesqueras presentes y el hallazgo de hidrocarburos el siglo pasado, que contabiliza un volumen comercial anual cercano a los 5 billones de euros.

China, Vietnam y Taiwán, que controla la isla Taiping, de mayor extensión -46 hectáreas-, demandan su totalidad, dentro una rivalidad particular entre Pekín y Hanói que se prolonga en el archipiélago Paracelso, de menor extensión, pero más próximo geográficamente a las costas de Vietnam. Malasia y Filipinas, de manera parcial, reivindican la soberanía de diversos islotes de las Spratly.

Desde la llegada de Xi Jinping a la Presidencia del país, en marzo de 2013, las acciones de ampliación territorial en el archipiélago han incrementado su intensidad, dejando al descubierto superficies que permanecían sumergidas bajo el mar con la construcción de arrecifes de coral artificiales adyacentes a los islotes, según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), de Washington, así como instalaciones aeroportuarias y militares, denuncian los países vecinos y Estados Unidos.

La defensa de China en el caso se basa en la ‘’línea de los nueve puntos’’, presentada ante la ONU en 2009, un área imaginaria que extiende las costas chinas 2.000 kilómetros -el 90 por ciento de la extensión del Mar de China Meridional-, sobre la base de textos históricos; un argumento que choca con la posición de Manila, que arguye la administración histórica y la presencia tradicional del sector pesquero filipino en unas aguas muy próximas -casi pegadas a la isla de Palawan, al suroeste de Filipinas– a sus costas, por los 1.500 kilómetros que les separan de Hong Kong.

A pesar de que fue el anterior gobierno filipino, de Benigno Aquino, quien solicitó el arbitraje de la CPA de La Haya, la pretensión del nuevo Ejecutivo filipino, presidido desde mayo por Rodrigo Duterte, continúa en la senda de conseguir la soberanía de diversos islotes, aunque con un tono más distendido, más proclive al diálogo, señalan los analistas.

‘’Filipinas reitera su continuo compromiso de constante búsqueda de la solución pacífica y la gestión de conflictos con el fin de promover y fortalecer la paz y la estabilidad en la región. Mientras tanto, hacemos un llamamiento a todos los interesados a actuar con moderación y sobriedad’’, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino en una nota oficial.

En el lado opuesto, Pekín ha recalcado que no acatará la resolución, como viene haciendo desde que el tribunal, al que califica de ‘’ilegítimo’’, le comunicase la apertura del caso, al igual que Taiwán, con intereses en un territorio al que China atribuye la calificación de zona de ‘’interés nacional básico’’ y donde la Marina de la superpotencia asiática no cesa en los intentos de dispersar a los pesqueros filipinos que presionan sobre el terreno.

El presidente chino, Xi Jinping, señaló su apuesta por ‘’la paz y estabilidad en el Mar de China Meridional y la solución de disputas con los países involucrados de manera directa a través de negociaciones pacíficas’’, pero ‘’basadas en el reconocimiento de los hechos históricos y de acuerdo con la ley internacional’’.

Las reacciones al veredicto por parte de los países vecinos y, en conjunto, de la comunidad internacional, que respalda mayoritariamente la resolución, se inclinan hacia la apuesta de la diplomacia entre ambos países, hacia la negociación bilateral para resolver el conflicto, rebajar las tensiones existentes y despejar cualquier síntoma de confrontación bélica en un horizonte próximo.

Japón, que pugna con China por las islas Diaoyu (Senkaku, para Tokio), en el Mar de China Oriental, ha secundado la decisión determinada por la CPA a través del ministro de Asuntos Exteriores nipón, Fumio Kishida, que ha reclamado la apertura de la vía diplomática para resolver el problema, al igual que Corea del Sur.

Estados Unidos, por su parte, ha instado a ‘’evitar declaraciones o acciones de provocación’’ por ambas partes. ‘’Esta decisión puede y debe servir como una nueva oportunidad para renovar los esfuerzos para abordar las disputas marítimas en paz’’, afirmó en un comunicado de prensa John Kirby, secretario auxiliar del Departamento de Estado, tras conocer el fallo.

La resolución ha sido deliberada por los jueces Thomas A. Mensah -como presidente-, Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak y Rüdiger Wolfrum, especializados en derecho marítimo, y el profesor Alfred H. Soons, que han estudiado, durante más de tres años, las alegaciones propuestas por el Gobierno filipino, personificado por ocho representantes, en su mayoría de origen extranjero y con firmas de asesoría y representación principalmente norteamericanas, como Paul S. Reichler, Lawrence H. Martin y Andrew B. Loewenstein, del bufete de abogados estadounidense Foley Hoag LLP.

El Gobierno chino rechazó desde el principio el inicio del arbitraje internacional y desestimó la invitación a participar en cualquier sesión del caso; así se lo comunicó en primera instancia a Manila, en febrero de 2013, y después a la CPA -encargada de dirimir los conflictos que atañen a la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés)-, en agosto del mismo año.

De momento, tanto China, que intenta movilizar a intelectuales del país para consolidar los argumentos que forman parte de su reclamación, con el objetivo de combatir mediáticamente la resolución, como Filipinas, donde se suceden las movilizaciones populares, aupadas por el Ejecutivo de Duterte, a favor del dictamen de La Haya, prosiguen en la defensa de sus intereses bajo el sentimiento nacionalista.

Entre tanto, una vez conocido el veredicto, la solución al conflicto solo atiende a dos posibles salidas: la negociación bilateral entre ambas partes para alcanzar un acuerdo de gestión compartida o repartida de las islas en disputa por medios pacíficos, como demanda la comunidad internacional, o el conflicto directo, la opción menos probable para los expertos, pero que China no descarta en un futuro y donde Filipinas, en el caso de no contar con el apoyo de países aliados -como EEUU-, tendría todas las de perder.

Sergio Perea Martínez

Sergio Perea Martínez

Estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

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