La aprobación de ley anti-conspiración divide a la sociedad japonesa

Parlamento de Japón
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Madrid. La aprobación el pasado mes de junio de la Ley para el castigo del crimen organizado y de control de la preparación del delito, o ley anti-conspiración (Act on Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds), mantiene dividida a la población japonesa respecto a su alcance y conveniencia.

Prácticamente el cincuenta por ciento de los ciudadanos japoneses está en contra y más del setenta y cinco por ciento considera que el gobierno de Shinzo Abe no ha explicado de manera suficiente por qué era necesario aprobar una ley de estas características.

En opinión del sector crítico de la población, esta ley es demasiado imprecisa a la hora de definir el terrorismo – lo cual no sorprende a nadie, en la medida en que no existe una definición generalmente aceptada por parte de la comunidad internacional sobre qué es el terrorismo.

A lo anterior se añade el hecho de que Japón es un país donde el terrorismo es extremadamente poco común, aunque nadie olvida los trece fallecidos y los más de mil afectados por el acto terrorista con gas sarín en 1995 en el metro de Tokio, y, por otra parte, aún está en el recuerdo la Ley de Preservación de la Seguridad Pública o ley de pensamiento, que fue aprobada en 1925 y que estuvo en vigor en Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, convertida en un instrumento de gobierno para acabar con la disidencia política, fundamentalmente comunista y socialista.

La ley anti-conspiración, que ha tenido que pasar por las dos cámaras de la Dieta – el Partido Liberal Democrático de Shinzo Abe tiene una holgada mayoría – se aprobó el pasado 15 de junio, tras haber sido rechazada en tres ocasiones anteriores, y tipifica casi trescientos delitos como preparación para delinquir.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Sophia de Tokio, Koichi Nakano, ha advertido de que esta ley cambia de forma sustantiva el sistema legal nipón y la ha comparado con la Ley de Preservación de la Seguridad Pública, de 1925 que dio origen a la policía política Tokubetsu Kōtō Keisatsu, o Tokko, también conocida como policía del pensamiento.

Uno de los apéndices de la ley relaciona presuntas acciones como preparación para delinquir que resultan, cuando menos, curiosas. Así, se tipifica la organización de carreras de bicicletas sin licencia como una de ellas; igualmente, la violación de los derechos de autor y el hurto de plantas de reservas forestales, delitos que en opinión de quienes la critican, poco tienen que ver con el terrorismo, al tiempo que destacan que una de ley de estas características sirve para dar al gobierno amplia libertad para someter a la ciudadanía a una vigilancia permanente.

Sin embargo, Abe insiste en que esta ley ayudará a prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en Japón antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, ya que permitirá a la policía detener a individuos y grupos criminales que planeen cometer delitos y es un paso previo y necesario para la ratificación por Japón de la Convención de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada internacional, de diciembre de 2000. Además, Abe se ha dado de plazo hasta 2020 para reformar la actual  Constitución pacifista de Japón.

No lo ven así ni la Federación de Colegios de Abogados de Japón, ni el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la privacidad, ni innumerables organizaciones no gubernamentales.

La Federación de Colegios de Abogados de Japón, por su parte, advierte de que esta ley es probable que viole las libertades civiles de los individuos y se ha comprometido a estar pendiente de cualquier incidente que se pueda producir.

El Relator Especial de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, ha manifestado en una carta dirigida al gobierno su preocupación y un rechazo firme a esta ley por los riesgos que supondría su aplicación arbitraria, debido a la vaga definición de la planificación y por la inclusión de una variedad excesiva de delitos con poca relación con el terrorismo y el crimen organizado.

Joseph Cannataci incluso se ha visto obligado a responder al jefe de gabinete del primer ministro, Yoshihide Suga, quien le había acusado de actuar de forma inadecuada con sus advertencias y que presentó una protesta ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cannataci consideró que las airadas palabras de Suga no aportaban ninguna mejora ni sugerían que el gobierno fuera a reflexionar sobre los perjuicios que esta ley pueda ocasionar a los derechos civiles de los ciudadanos.

Entre las organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional también ha dado la voz de alarma, mientras que Murata Renho, la líder del Partido Democrático, en la oposición, se ha manifestado indignada por la aprobación por la Dieta de esta ley.

Juan de Castro Pita

Juan de Castro Pita

ex consultor de Naciones Unidas

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